Alquileres con más requisitos y precios elevados: piden el “tratamiento urgente” de la Ley que los regula

El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste le pidió a la Cámara de Diputados del  Congreso Nacional el tratamiento “urgente” del proyecto de Ley de Alquileres. Lo hicieron mediante un proyecto de comunicación aprobado por unanimidad. La iniciativa fue presentada por el presidente del Concejo, Luis Esquivel, y la Concejal Ayelen Spósito.

El proyecto en cuestión, cuya presentación corresponde a la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores en noviembre de 2016, pero aún no ha sido tratado por los Diputados. La norma, redactada por las organizaciones de inquilinos de todo el país y presentada por Larraburu, pretende hacer más justa y equilibrada la relación entre propietarios e inquilinos.

En la Argentina hay más de 6 millones de personas que alquilan una vivienda. ” Enfrentamos una situación muy delicada, los aumentos desmedidos en el precio de los alquileres superan cualquier índice de inflación; contratos por sólo dos años que nos obligan a estar en permanente mudanza, y dejando nuestros ahorros en cada firma de un nuevo contrato, son solo algunos de los obstáculos que nos imponen para acceder a una vivienda”, habían expresado los representantes de los inquilinos en el momento de la presentación de la ley.

Mientras tanto la Senadora García Larraburu destacaba que “más de 6,6 millones de personas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, hacen casi imposible el acceso a la vivienda”.

Transcurridos varios meses de esa aprobación nada ha cambiado, porque lo que se esperaba que surja con la misma naturalidad de la Cámara de Diputados, no ocurrió. El proyecto está en la comisión de Legislación General que preside Daniel Lipovetzky, diputado del Pro.

Lipovetzky firmó otro proyecto de ley que salió del Ministerio del Interior e impulsa el Poder Ejecutivo, contrapuesto en muchos artículos con el aprobado por el Senado Nacional. Desde la Asociación Inquilinos Agrupados sospechan que los diputados de Cambiemos pretenden frenar la aprobación final de la ley, “la intención del oficialismo es que no se vote ningún proyecto”, dicen.

Las claves del proyecto aprobado en el senado, y que el Concejo Deliberante sanantoniense pide que sea tratado con urgencia, son: 

  • Ampliar el plazo mínimo de contrato de dos a tres años,
  • Pone un tope al aumento por debajo del nivel inflacionario y en un periodo anual, 
  • El depósito de garantía, debe devolverse con un monto actualizado y por el valor de hasta un mes de alquiler,
  • Las comisiones tendrán que estar determinadas por ley y no podrán ser superiores a un mes de alquiler.
  • El inquilino no debe abonar en ningún caso las expensas extraordinarias y puede rescindir el contrato sin causa ni necesidad de esperar el plazo de seis meses.
  • Las partes estarán obligadas a determinar si se renueva o no el contrato 60 días antes de que la locación llegue a vencimiento.

“El oficialismo no quiere debatir nuestro proyecto, quiere entorpecer todo”, dicen los Inquilinos Agrupados. Y puede ser que tengan razón. Lo que no admite discusión es que este es un tema urgente que requiere la misma celeridad en su tratamiento. Son millones los inquilinos y en nuestra región la situación se agrava cada día, al ritmo que crece la pérdida de poder adquisitivo.

A los alquileres elevados, a cuyos pagos en muchos casos cada familia destina la mitad de sus ingresos, se advierten las dificultades para acceder al sueño de la casa propia, o del terrenito para comenzar a construir.  En algunos casos por falta de decisión política. Los terrenos improductivos y en estado de abandono se multiplican, como expresión de la especulación inmobiliaria que hace que aumente el valor de un bien en la misma medida en que aumenta el número de personas que lo necesitan. Y en ese “jugar con la necesidad de los demás” el Estado está ausente y permite en silencio que el mercado sea el regulador. Y en el mercado manda el que más poder económico tiene.

Por otro lado, los planes de viviendas en construcción han sufrido notables atrasos y resultan insuficientes a la hora de intentar resolver la crisis habitacional que se vive. En este tema el Estado escapa al debate necesario sobre el costo final de las viviendas que ofrece, basta mirar el llamado a cualquier licitación para concluir que con el dinero que se construye una vivienda podrían hacer dos de la misma calidad. Algo anda mal en el sistema, y en esto, como en todo, los únicos que pierden son los que no tiene otra expectativa que esperar lo que se les ofrece.  

(Visited 109 times, 1 visits today)