La provincia deberá pagarle más de 4 millones de pesos a la familia de una victima de femicidio en Sierra Grande

Gustavo Aquino, durante el juicio en 2011

El 18 de junio de 2010 Gustavo Aquino esperó a que su esposa Verónica Villarruel salga de la estación de servicio del barrio Industrial de Sierra Grande, donde trabajaba, y le asestó cuatro puñaladas en el abdomen, la cara y un hombro. Verónica murió unos días después. El 24 de abril de 2011 un Tribunal viedmense lo condenó a 18 años de prisión por “homicidio simple”. Tenían dos hijas en común. 

Aquino había intentado quemarse junto a la victima un día antes de la fatal agresión, fue liberado sin que se le prohíba volver a la casa que compartía con Verónica Villarruel. No era el único antecedente que podía hacer prever el desenlace final.

A raíz de lo que los padres de Verónica consideraron que la adecuada intervención del Estado, en un hecho de violencia de género que acarreaba antecedentes, podría haber evitado que su hija pierda la vida, interpusieron contra la provincia ante el juzgado civil de Viedma una demanda por daños.

En la presentación sostuvieron que luego de 19 años en concubinato, su hija Verónica y Aquino decidieron separarse debido a los malos tratos –-tanto psicológicos como físicos– de los que era victima la mujer.Agregaron que la víctima a pesar de solicitar ayuda y sacar a luz esa problemática familiar y privada “no tuvo de parte de los organismos competentes del Estado” ningún tipo de respuesta. Aseguraron además, que el hecho pudo haberse evitado la noche anterior a la agresión, cuando el hombre se roció con nafta para incinerarse a sí mismo, junto a la victima.

El Juez, Leandro Oyola, determinó que “el Estado actuó regularmente hasta que el hombre fue conducido al hospital de Sierra Grande”, pero consideró que ante un hecho de esa magnitud y violencia en un principio para la vida del hombre, “el Estado a través de la Policía y de salud mental del hospital local debió tomar recaudos coordinados relacionados con la protección de aquel y no sólo para si mismo sino para terceros, entre los cuales se incluye especialmente a Verónica Villarruel. Era razonable que se quedará en observación con un directo y permanente control preventivo por parte de salud mental e incluso con custodia policial”.

La provincia de Río Negro fue condenada por el Juez Oyola, al hacer lugar  parcialmente a la demanda interpuesta, a pagar más de cuatro millones de pesos por daño moral y lucro cesante a las hijas y los padres de la víctima. Así, la provincia deberá abonarle, en un un fallo ejemplar, a las dos hijas de Verónica 441.528 pesos por lucro cesante, por daño moral 1.100.000 pesos para cada una de ellas y 900.000 pesos por ese mismo rubro para cada uno de sus padres.